REFLEXIONES Y APORTES SOBRE ALGUNOS TEMAS VINCULADOS A LA REFORMA DEL CÓDIGO
CIVIL
Documento de la 103ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina
(27 de abril de 2012)
PRESENTACIÓN
1. Nuestro país vive momentos de
particular relevancia política que hacen a su vida y cultura como nación. Son
momentos de trascendencia histórica que debemos asumir con responsabilidad por
su significado actual y futuro. En este contexto debemos ubicar la reforma del
Código Civil, como marco jurídico básico que regula la vida del hombre y sus
relaciones en la sociedad desde el inicio de su vida. Su reforma nos
compromete, no podemos, por ello, permanecer indiferentes ni ser espectadores
de decisiones que nos involucran y que requieren de una madura reflexión y de
una amplia participación federal. No caben urgencias en temas de tanta
trascendencia.
2. El Código
Civil por su carácter estable y modélico, al definir obligaciones y derechos de
las personas e instituciones no es algo neutro, sino que a través de él se
expresan doctrinas o corrientes de pensamiento que van a incidir en la vida de
los argentinos. Junto a las necesarias actualizaciones que la reforma busca
realizar, creemos que el nuevo Código debe tener en cuenta la riqueza de
nuestras tradiciones jurídicas y constitucionales, como los principios y
valores que hacen a nuestra vida e identidad. Necesariamente en un Código Civil
se presentan opciones que definen materias e institutos que rigen y orientan la
vida de una comunidad. Entre ellas queremos señalar, en primer lugar, la
necesidad del reconocimiento del comienzo de la vida humana desde la concepción
y su necesaria protección jurídica. Debilitar este principio liminar es
disminuir la base jurídica de un sistema y orientar, por su misma autoridad, el
alcance de futuras leyes sobre la entidad de los embriones congelados.
3. En segundo
lugar, la valoración de la familia fundada sobre el matrimonio, como relación
estable del varón y la mujer y ámbito primero en la educación de los niños. La
familia es una realidad con profundas raíces en el pueblo argentino y a lo
largo de todo el país. Ella es una institución que por su riqueza e historia es
un bien que es garantía para la sociedad. Finalmente, adquieren un lugar
destacado y de grave responsabilidad jurídica los derechos del niño, sea
respecto de su vida e identidad, como el justo conocimiento de sus derechos de
filiación, paternidad y maternidad. Cuando se privilegian en estos temas los
deseos o voluntad de los adultos, se descuidan los derechos esenciales del
niño. Cuando se parte, en cambio, del valor único e irrepetible de la vida
concebida, el adulto tiene más obligaciones que derechos. No todo lo que es
técnicamente posible y deseado en el manejo de la vida es necesariamente ético
y respeta su dignidad. El límite, en estos casos, es tanto un acto de sabiduría
política como de ejemplaridad jurídica.
1. NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL
4. Las
autoridades nacionales han puesto en marcha el proceso legislativo para la
sustitución de los actuales códigos Civil y de Comercio, por un nuevo Código
Civil unificado. Se trata sin duda de una de las reformas legislativas de mayor
trascendencia, por tratarse de normas que afectarán en forma directa la vida
cotidiana de todos los argentinos.
5. La Iglesia, que es parte
integrante de la sociedad, siente la obligación moral de hacer oír su voz.
Somos portadores de una herencia y responsables de hacernos eco de las voces de
millones de hermanos que a diario nos confían sus preocupaciones, alegrías,
dificultades y esperanzas. La Iglesia Católica siente que tiene el derecho y el
deber de hacer conocer a toda la sociedad su pensamiento en estas delicadas
materias, proponiéndolo a través de una argumentación razonada y fundada.
2. EL VALOR DE LA LEY
6. Las leyes son necesarias para la buena
vida social. Su contenido no es indiferente, porque las leyes son indicativas
de las conductas que la sociedad considera valiosas, para alentarlas y
protegerlas, o disvaliosas, para prohibirlas o castigarlas. En ese sentido, la
ley, sin identificarse con la moral, tiene un indudable contenido moral. No hay
leyes moralmente neutras.
7. El Código
Civil en particular regula las relaciones jurídicas de las personas en cuanto
tales, desde el comienzo de su existencia hasta después de que ella ha
finalizado, las relaciones de familia, y también las relaciones de orden
patrimonial, tales como las obligaciones y los contratos, las relaciones de las
personas entre sí y con las cosas de las que se sirven. Lo que diga y cómo lo
diga no es indiferente. La ley no es una mera fotografía de lo que ocurre, sino
una orientación de lo que se espera y desea que ocurra en esas relaciones
interpersonales: tiene una función docente y modélica.
8. Por lo tanto,
el legislador no puede limitarse a constatar que algo existe en la realidad, o
puede existir, para darle valor legal -es decir, de norma, o regla de
conducta-, sin un previo juicio de valor. En la vida cotidiana se verifican
conductas perjudiciales al bien común, que deben ser reprobadas y no
convalidadas por el sólo hecho de que algunas personas las lleven a cabo. En
este sentido, si bien es cierto que toda persona es digna del mayor respeto, no
toda opinión o proposición lo es en el mismo grado. Es necesario tamizar las
distintas opiniones y propuestas, en orden a ese bien común, que es “el bien
de ese «todos nosotros», formado por individuos, familias y grupos intermedios
que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino
para las personas que forman parte de la comunidad social, y que sólo en ella
pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz”.
9. Como ha dicho
Benedicto XVI, “¿Dónde se encuentra la fundamentación ética de las
deliberaciones políticas? La tradición católica mantiene que las normas
objetivas para una acción justa de gobierno son accesibles a la razón,
prescindiendo del contenido de la revelación. En este sentido, el papel de la
religión en el debate político no es tanto proporcionar dichas normas, como si
no pudieran conocerlas los no creyentes. Menos aún proporcionar soluciones
políticas concretas, algo que está totalmente fuera de la competencia de la
religión. Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación
de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos”. Lo que queremos proponer a nuestros
conciudadanos en general, y a quienes tienen responsabilidad en el proceso
legislativo en particular, no es una imposición religiosa, sino que en la Argentina la ley respete
simplemente la verdad de la persona, de la familia y de la sociedad.
3. EL CÓDIGO CIVIL PROYECTADO
10. El Anteproyecto de Código Civil que se
ha conocido, es sin duda el fruto del encomiable esfuerzo de muchas personas,
que han aportado su sabiduría y experiencia en distintos temas. Ha sido
presentado, como el fruto de muchos años de debates y trabajos jurídicos, y de
la reflexión de los juristas y las decisiones de los jueces en el marco de la
legislación hoy vigente. Eso es cierto en buena medida, pero no en algunos
temas vinculados a la vida humana y a la familia. Por otra parte, el Código es
un delicado entramado de soluciones técnicas para situaciones y problemas muy
diversos, sobre las que no nos pronunciamos.
11. Vemos en la
obra codificadora un esfuerzo de actualización y de atención a las nuevas
posibilidades que abre el desarrollo científico y tecnológico. Con la cautela
que implica reconocer que no todo lo que es técnica o científicamente posible
es moralmente aceptable -y por lo tanto, digno de ser aprobado por la ley-, hay
en esto un hecho positivo. Valoramos especialmente la atención puesta al
desarrollo creciente de los derechos humanos y su protección jurídica,
expresada por ejemplo en el reconocimiento de algunos de los derechos
personalísimos, o la preocupación por proteger la vivienda familiar.
12. Valoramos que
se hayan tenido en cuenta distintas situaciones que hacen a los derechos de las
comunidades indígenas. En otro orden de cosas, nos preocupa cierto
reglamentarismo que propone el Anteproyecto en relación a las asociaciones
civiles, e incluso a las simples asociaciones. Esas formas asociativas son
parte esencial de la sociedad civil y, por ello, debería evitarse
sobrecargarlas de exigencias e interferencias del Estado en su vida interna.
13. Hay sin
embargo algunas cuestiones, que tanto a nuestro juicio de pastores, como en la
opinión de muchos juristas y expertos, merecen una mayor reflexión. Es
necesaria en el Código una formulación de ciertos principios, más respetuosa de
la dignidad propia de toda vida humana desde su comienzo en el momento de la concepción
y hasta su fin natural, de los derechos de la familia fundada en el matrimonio,
y de los derechos de los más débiles, en particular los niños ya nacidos, y
todavía por nacer. Es en estas materias, el estatuto de la persona humana y de
la familia, en las que quisiéramos detenernos particularmente. Notamos que en
las soluciones propuestas en este campo, ha influido una ideología
individualista y una concepción de familia ajena a las tradiciones nacionales y
al sentir y vivir de la gran mayoría de nuestro pueblo.
4. LA PERSONA EXISTE DESDE LA CONCEPCIÓN
14. Afirmamos sin
lugar a dudas, que todo ser humano merece el reconocimiento de su personalidad
jurídica en todas partes y sin distinción de condición alguna (en consonancia
con el Art. 6 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos). Y sabemos, porque
la ciencia así lo demuestra, que la vida humana comienza desde el momento de la
concepción, en la que se configura un ser humano nuevo, único e irrepetible.
Hoy día, por la técnica algunos seres humanos son concebidos fuera del seno
materno, en laboratorios. Pero no existe ninguna diferencia ontológica entre un
ser humano concebido dentro o fuera del seno materno. El hecho de que por
decisiones de los padres o de los laboratorios, el desarrollo del embrión en
algunos casos se detenga artificialmente, no altera en nada su condición de ser
humano.
15. La tradición
jurídica nacional y el contexto constitucional a partir de 1994 obligan al
reconocimiento pleno de la dignidad humana y la personalidad jurídica de todo
ser humano sin distinción. Cuando con proverbial sabiduría, el Código Civil
argentino proclamó que la persona existe “desde la concepción en el seno
materno”, no excluyó la concepción extrauterina -en esa época imposible de
imaginar-, sino que afirmó el principio esencial de que toda vida humana, desde
el momento inicial, y sin distinción de cualidades o accidentes (art. 51 CC) es
digna del respeto debido a una persona humana. Normas posteriores y de elevada
jerarquía, como la ley aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño, confirmaron
sin duda que la persona es tal desde la concepción, sin distinguir según ella
ocurra dentro o fuera del seno materno.
16. No reconocer
esta igual dignidad, tal como ocurre en el Anteproyecto, significa introducir
una discriminación injusta pues algunos seres humanos en estado
embrionario son considerados personas -los concebidos en el seno materno, o los
implantados en él-, mientras que a otros se les niega ese status básico -los
concebidos fuera del seno materno, antes de su implantación-. En este último
caso no queda claro cuál es el status o situación jurídica de estos embriones,
que por tanto quedan en un estado de absoluta desprotección, abriendo la
posibilidad de atentados contra la vida de seres humanos inocentes e
indefensos.
17. Comprendemos
la dificultad jurídica que implica, por ejemplo, reconocer derechos
patrimoniales y sucesorios a los embriones no implantados, pero la solución no
es desconocer la dignidad y los derechos personalísimos que se derivan de su
condición humana, sino en todo caso impedir -y no promover- su producción
mediante una moratoria en la utilización de estas técnicas. Remitir la
protección del embrión no implantado a una ley especial aun no existente, si
bien abre alguna esperanza, resulta insuficiente para evitar atentados
presentes o futuros contra la vida o dignidad de esos seres humanos, expuestos
a la comercialización, industrialización o destrucción. Es inadmisible también
la posibilidad de experimentación con los embriones no implantados.
5. LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO
18. La familia fundada en el matrimonio
entre un varón y una mujer, perdurable y estable, es el modo óptimo de crianza
de los niños y de organización familiar y social. Recordando que la familia es
anterior al Estado, éste debe apoyar y acompañar los modelos exigentes de vida
en los que los esposos se comprometen a la fidelidad, la cohabitación, la
asistencia recíproca y el bien de los hijos. Si el Código Civil dejase de
prever tales deberes del matrimonio, la institución se vaciaría de contenido en
desmedro de los propios esposos y del bien superior de los niños y su derecho a
crecer y ser educados en el ámbito de una familia estable. Consideramos que
toda reforma tiene que recoger y valorar la tradición jurídica y cultural de
nuestro país que valora y respeta esos rasgos en el matrimonio.
19. Se afirma que
actualmente hay muchas formas de organización familiar, y que todas ellas deben
ser igualmente admitidas y protegidas por la ley. Pero no cualquier forma de
convivencia es igualmente valiosa, respetuosa de la verdad de la naturaleza
humana, y de los derechos de la mujer y de los hijos. La ley debe proponer
–como hizo siempre y en la perspectiva del bien común- un modelo de familia, y
apoyarlo, más allá de que haya personas que en ejercicio de su libertad opten
por otras formas de vida. Debería fomentar y no desalentar los proyectos de
vida más estables y comprometidos.
20. En ese
sentido, la equiparación casi absoluta entre el matrimonio y la llamada “unión
convivencial”, no contribuye a dignificar a aquél. Es cierto que en ocasiones
la ruptura de uniones prolongadas perjudica a la parte más débil, generalmente
la mujer, y también que eventualmente a ella pudo haberle faltado algún grado
de libertad para vincularse de ese modo en lugar de celebrar un matrimonio.
Pero la solución a esto es una educación adecuada de la responsabilidad, que
prepare para asumir el compromiso público que el matrimonio significa. La falta
de formalización del vínculo, que puede obedecer a distintas razones, no
justifica que se desvalorice la realidad del matrimonio.
21. La falacia
del argumento según el cual se procura dar reconocimiento legal a las “diversas
formas de familia", queda de manifiesto cuando se advierte que el Anteproyecto
no reconoce en absoluto al matrimonio indisoluble caracterizado por el
compromiso de fidelidad y de apertura al bien de los hijos, tal como la Iglesia propone a sus
fieles, lo mismo que otras confesiones religiosas, y la ley natural lo expresa.
Sólo formas débiles e inestables de familia son propuestas y reguladas por el
Anteproyecto.
6. LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS
22. El régimen de la paternidad, la
maternidad y la filiación, así como otras instituciones proyectadas, generan
incertidumbre en torno a la protección de los derechos de los niños. Una
sociedad que no privilegie los derechos e intereses de los niños por sobre los
de los adultos, se empobrece socialmente.
23. La regulación
de los efectos de las técnicas de fecundación artificial, lamentablemente
legitimadas ignorando las objeciones ético-jurídicas de fondo que merecen, y
sin un marco de control previo, privilegia un supuesto “derecho al hijo”, por
sobre los derechos del hijo a la vida y al respeto de su intrínseca dignidad y
el principio de originalidad en la transmisión de la vida humana. Las técnicas
de fecundación artificial suponen con frecuencia mecanismos de selección de los
embriones más aptos, con descarte de los demás. Los embriones sobrantes podrían
ser objeto de compra y venta para experimentación o utilización en productos
industriales. No hay mecanismos que eviten estas derivaciones injustas en el
anteproyecto de Código Civil.
24. El
Anteproyecto, además, niega a los niños concebidos mediante las técnicas de
fecundación artificial el acceso al establecimiento del vínculo filiatorio
biológico, mientras que sí se lo permite en otras filiaciones. Se discrimina
así entre categorías de hijos con más o menos derechos según el modo en que
fueron concebidos y se conculca el derecho a la identidad de los niños, que no
puede quedar sujeta a la voluntad de los adultos. Todos los niños tienen
derecho a conocer a sus padres y en la medida de lo posible ser criados por
ellos (Art. 7, inciso 1, Convención Sobre los Derechos del Niño).
25. En materia de
adopción, no se privilegia el interés superior de los niños, que consiste en
tener un padre y una madre unidos en matrimonio. La adopción debe tener en mira
ese interés integral de los niños, y no el deseo de los adultos.
7. LOS PROBLEMAS DE LA PROCREACIÓN ARTIFICIAL
26. La Iglesia considera
que la fecundación artificial debería ser prohibida por las objeciones éticas y
jurídicas que merece. Sin perjuicio de ello, en caso que se lleve adelante la
fecundación extracorpórea, el ser humano concebido de esta manera tiene, como
ya hemos dicho, el mismo estatuto, dignidad y derechos que cualquier otro. En
el derecho comparado podemos ver que existen países que han limitado los daños
provocados por el uso de estas técnicas, restringiendo el acceso a ellas a los
matrimonios formados por varón y mujer, y prohibiendo la crioconservación de
embriones, entre otras restricciones.
27. El
Anteproyecto ha optado por regular sólo algunas consecuencias de la
reproducción artificial, lo que deja abiertas múltiples cuestiones. Pareciera
que cualquier cosa es lícita en esta materia, librada al novedoso concepto de
la “voluntad procreacional” de pretensos progenitores, por la que no es padre o
madre quien realmente lo es, sino quien quiere serlo para satisfacer un deseo
propio.
28. En ese marco,
es particularmente grave la posibilidad de fecundación post mortem -admitida en el Anteproyecto-, que
no respeta el derecho de los niños a ser criados por sus padres en la medida de
lo posible. A diferencia del caso en que una madre esté encinta y enviude antes
de dar a luz, en el que la orfandad surge de un imponderable de la naturaleza, la Iglesia considera que no
es aceptable crear deliberadamente orfandades amparadas por la ley. Como
tampoco lo es atribuir la filiación de un niño a dos personas del mismo sexo,
privándolo del bien de un padre y una madre.
29. En cambio,
resulta loable la disposición que prohíbe la manipulación genética en los
embriones.
8. PROTEGER Y DIGNIFICAR A LA MUJER
30. Reconocemos con satisfacción que hay
un esfuerzo en el Anteproyecto por atender con delicadeza a la protección de
los derechos de la mujer. Pero al mismo tiempo, resulta agraviante a la
dignidad de las mujeres y de los niños la posibilidad de la existencia del
alquiler de vientres, denominado eufemísticamente maternidad subrogada o
gestación por sustitución.
31. La regulación
de la maternidad subrogada no ha surgido de un reclamo social ni es consistente
con las tradiciones jurídicas, principios, valores y costumbres del pueblo
argentino, que hasta hoy considera nulo a este tipo de contrato por la
inmoralidad de su objeto. El “alquiler de vientres” degrada a la mujer
gestante, arriesga crear más desigualdad por la explotación para estos fines de
mujeres pobres, y desconoce el profundo vínculo psicológico que se establece
entre ella y el niño al que da a luz.
9. LOS DERECHOS PERSONALÍSIMOS
32. Más allá de las particularidades de su
regulación, que pueden ser en algunos casos opinables, resulta encomiable que
el Anteproyecto se ocupe de la protección de los derechos personalísimos.
33. Es
imprescindible que al prever en ese marco la posibilidad de dar directivas
anticipadas respecto de la propia salud, la prohibición de la eutanasia quede
suficientemente clara en la ley.
34. Es positiva
la previsión contenida en el Anteproyecto acerca de las exequias de las
personas, que da cuenta del respeto debido al cuerpo humano aún después de la
muerte. Sin embargo, sería oportuno que se prevea en forma expresa la necesidad
de respetar las creencias y principios religiosos del fallecido, tal como se
hacía en proyectos anteriores que sin duda han sido fuente del actual en ésta y
otras materias.
10. NECESIDAD DE UN AMPLIO DEBATE
35. Como ciudadanos y pastores, nos
congratulamos del anuncio realizado por la Señora Presidenta
de la Nación
de que el proyecto de Código Civil será sometido a un amplio debate antes de su
aprobación.
36. Sabemos bien
que una obra legislativa de esta magnitud tiene una arquitectura compleja y
delicada, que no admite recortes, adiciones o cambios inopinados. Esa
dificultad, más que desalentar el debate, debería ser motivo de estudios
profundos y de propuestas meditadas y serias, que cuenten con el tiempo
necesario para su formulación y estudio.
37. En ese
sentido, exhortamos a los juristas, los colegios profesionales y las facultades
de Derecho –en primer lugar, por nuestra directa responsabilidad, a aquellas
pertenecientes a las universidades católicas– a comprometerse en esta tarea
noble y ardua, que hace a la vida y cultura de la Nación.
38. En el marco
de la 103ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina, hemos querido proponer como Iglesia, comprometidos con la vida de
nuestra Patria y el bien de nuestros hermanos, estas reflexiones que están
orientadas a contribuir a la mejor reforma del Código Civil, en temas que
consideramos de mayor importancia en orden a garantizar la dignidad de la vida
concebida, el valor del matrimonio y la familia, y la protección de todos los
derechos del niño. En este momento que consideramos de trascendencia histórica
para la vida de nuestra Patria, invocamos la protección de la Virgen María, Nuestra
Madre de Luján, Patrona de la
Argentina.
103ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina
27 de abril de 2012
Benedicto XVI, discurso en Westminster
Hall, 17 de septiembre de 2010.
